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sábado 24 de junio del 2017

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Asamblea de Ecuador denunció 12 Tratados Bilaterales de Inversión por inconstitucionales

El Pleno de la Asamblea Nacional dejó sin efecto 12 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que cobijaban a países como China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia por cuanto estos Tratados incluyen la posibilidad de resolver disputas a través de arbitrajes internacionales, lo cual se opone a la actual Constitución.

Todavía debe ser aún aprobada por el presidente de la República. Sin embargo, aún quedarán vigentes entre 5 y 12 años, de acuerdo a cada caso.

Tiempo de Lectura 3 Minutos 

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta mañana y tarde la denuncia de 12 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que cobijaban a países como China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia. En una sesión que duró aproximadamente tres horas y media, la asambleísta ponente María Augusta Calle (AP) aseguró que la medida era legal, lícita y soberana.

El argumento jurídico es que estos Tratados incluyen la posibilidad de resolver disputas a través de arbitrajes internacionales, lo cual se opone a la actual Constitución.

La denuncia es el primer paso para que queden sin efecto los tratados, pero para que esta se concrete debe ser aún aprobada por el presidente de la República. Sin embargo, según explicó Calle, debido a que todos tienen una “cláusula de sobrevivencia”, aún quedarán vigentes entre 5 y 12 años, de acuerdo a cada caso.

El asambleísta Luis Fernando Torres calificó como inoportuna la decisión de los asambleístas, que votaron uno por uno los tratados, obteniendo en cada caso entre 81 y 85 votos a favor. Torres se preguntó por qué la Asamblea no espera a que los nuevos asambleístas asuman sus funciones y ellos sean quienes decidan sobre este delicado asunto.

Por su parte Calle aseguró que los tratados de inversión, han generado pagos millonarios al Ecuador y no han generado inversión.

Esto, mientras que Vincent Ringenberg, consejero político de la Unión Europea en Ecuador, expresó hoy su preocupación por el tema, ante la entrada en vigencia de un acuerdo comercial con el bloque europeo.

La asambleísta de Alianza PAIS, Soledad Buendía, señaló que los tratados de promoción de inversiones se contraponen a la norma constitucional, y no afecta el convenio con la Unión Europea.

Mientras que legisladores como Diego Salgado (CREO) y Luis Fernando Torres (PSP) cuestionaron la aprobación de las denuncias, indicando que se contraponen a lo que busca el país, que es la inversión.

Votación 

En el pleno, uno a uno fueron sometidos a votación los 12 TBI. Con 85 votos a favor y 20 abstenciones, los legisladores, de mayoría oficialista, aprobaron la denuncia del TBI con China; la de Chile se dejó sin efecto con 84 votos a favor y 21 abstenciones, y la de Venezuela, con 81 votos favorables y 21 abstenciones.

El TBI con Países Bajos se dejó sin efecto con 83 votos a favor y 20 abstenciones, el de la Confederación Suiza con 82 votos afirmativos, 1 en contra y 20 abstenciones; la denuncia del TBI suscrito con Canadá se aprobó con 81 votos afirmativos y 19 abstenciones; y el de Argentina, con 83 votos a favor y 19 abstenciones; y el que tratado que tenía con Italia, con 81 votos a favor y 18 abstenciones.

Además, se dejó también sin efecto el TBI con Estados Unidos, con 81 votos a favor y 19 abstenciones; la denuncia del TBI con España se aprobó con 81 a favor y 18 abstenciones, y el de Perú con 83 a favor y 18 abstenciones; el convenio con Bolivia se dejó sin fecto con la aprobación de 82 votos y 18 abstenciones.

Análisis de asambleístas

La oficialista María Augusta Calle señaló que en los últimos años el país ha tramitado 30 documentos internacionales. 

El asambleísta gobiernista Virgilio Hernández señaló que el pueblo aprobó un nuevo marco jurídico en 1998, y que los TBI son una muestra de la irracionalidad del capital y globalización. (I)

 

La Asamblea denuncia 12 tratados bilaterales de inversión

Explicó que los tratados tienen una cláusula a través de la cual el Estado ecuatoriano se compromete a cumplir los arbitrajes internacionales y no contempla una cláusula mediante la cual un inversionista extranjero debe optar por resolución jurídica de nuestro país. Como consecuencia, Ecuador ha sido demandado en 26 arbitrajes y los laudos contra el Estado suman $ 1.828 millones más 155 millones por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje.

Tiempo de Lectura 3 Minutos

El Pleno de la Asamblea Nacional trató este miércoles los informes de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales referentes al pedido de denuncia de 12 tratados bilaterales de inversión (TBI) que Ecuador mantenía con igual número de países.

En la sesión No. 448 se aprobó la denuncia de los TBI con China (85 votos afirmativos y 20 abstenciones); Chile (84 votos afirmativos y 21 abstenciones); Venezuela (81 votos afirmativos y 21 abstenciones); Reino de los Países Bajos (83 votos afirmativos y 20 abstenciones); con la Confederación Suiza (82 votos afirmativos, 1 negativo y 20 abstenciones); con Canadá (81 votos afirmativos y 19 abstenciones); con Argentina (83 votos afirmativos y 19 abstenciones);  Estados Unidos (81 votos afirmativos y 19 abstenciones); España (81 votos afirmativos y 18 abstenciones); Perú (83 votos afirmativos y 18 abstenciones); Bolivia (82 votos afirmativos y 18 abstenciones); e Italia (81 votos afirmativos y 18 abstenciones).

En su intervención, la asambleísta María Augusta Calle, presidenta de la Comisión, subrayó que la idea es renegociar, pero en igualdad de condiciones.

Explicó que los TBI tienen una cláusula 'paraguas', a través de la cual el Estado ecuatoriano se compromete a cumplir cualquier otro compromiso sobre inversiones que hubiera asumido con inversionistas extranjeros. En tanto, no contempla una cláusula de bifurcación mediante la cual un inversionista extranjero debe optar por recursos internos o el arbitraje internacional, sin recurrir después a una tercera opción.

"Sin esta inclusión pueden replicar demandas en distintos foros simultáneamente, lo que implica un fuerte riesgo económico para el Estado, con impactos socio-económicos desfavorables y daños ambientales", acotó.

Como consecuencia, Calle aseveró que Ecuador ha sido demandado en 26 arbitrajes y, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, los laudos contra el Estado suman $ 1.828 millones, mientras que la cuantía demanda (arbitrajes activos y terminados) es de $ 12 mil millones.

En tanto, afirmó que entre el 2003 y 2013 el país desembolsó 155 millones por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje.

El 50% de empresas demandantes operan en la explotación del petróleo, entre ellas Chevron II, Perenco, Encana y Oxy II.

La asambleísta agregó que esos desembolsos, que hasta mayo de 2015 fueron de más de $ 300 millones, afectan la capacidad financiera de programas públicos sociales.

Al mismo tiempo, descartó que los TBI hayan traído inversión, más bien dijo, significan un alto riesgo para el país y dio datos. Manifestó que entre 2000 y 2013, la inversión extrajera directa correspondía al 1,11% del PIB. Señaló que, pese a que Ecuador es uno de los países que más ha suscrito estos tratados, recibió solo 0,79% de la inversión extranjera en nuestra región.

Mientras que la legisladora Ximena Ponce expresó que los TBI atentan contra la capacidad regulatoria del Estado. 

A criterio de Luis Fernando Torres se podría haber esperado hasta la instalación del nuevo Gobierno y Asamblea Nacional. Añadió que en ciertos casos de los tratados bilaterales de inversión se puede entrar en una renegociación, antes que la denuncia.

La Comisión de Relaciones Internacionales mantuvo varias reuniones de trabajo, en las que se indicó que desde 1965 Ecuador ha negociado 30 tratados de este tipo, de los cuales 27 entraron en vigencia. La mayoría se suscribieron entre 1992 y 2002, pero en 1998 y en 2008 el país contó con nuevas constituciones, por lo que no se ajustaban a sus mandatos y la Corte Constitucional los declaró como inconstitucionales.

La Corte se basó en lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución, que prohíbe celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial.

De igual forma, señaló que la denuncia es un acto lícito, que está estipulado en el instrumento internacional suscrito por nuestro país, por lo que es un recurso soberano. (I)