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martes 22 de agosto del 2017

Nosotros presentamos ambos lados … escoge el tuyo!

¿Necesitamos el SPP?

 

Servicio de protección presidencial

En el 2010 Correa crea el SPP porque a su parecer "se vuelve imperativo establecer un sistema de Seguridad Integral de la Presidencia de la República que propenda a garantizar de manera idónea la protección y resguardo del primer mandatario y de las principales autoridades del país. 

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La seguridad del presidente de la República siempre estuvo a cargo de la Casa Militar Presidencial, al mando de un oficial general de las Fuerzas Armadas. El presidente Correa, a través del Decreto Ejecutivo 418 del 8 de julio de 2010, creó el Servicio de Protección Presidencial (SPP), mediante la fusión de la Casa Militar y el Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial; entre los considerandos del Decreto Ejecutivo 418, señala: “Que se vuelve imperativo establecer un sistema de Seguridad Integral de la Presidencia de la República que propenda a garantizar de manera idónea la protección y resguardo del primer mandatario y de las principales autoridades del país, bajo el criterio de que su seguridad constituye un objetivo estratégico del Estado a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como lo establece el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador”.

El Art. 3 del mismo Decreto señala, entre otras atribuciones del SPP: “a. Planificar, organizar y controlar las operaciones de la seguridad presidencial dentro y fuera del país, b. Proporcionar protección y seguridad al Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República, al Secretario Nacional de la Administración Pública, y a sus familiares dentro y fuera del país, c. Brindar seguridad a las instalaciones del Complejo Presidencial, residencias particulares y otros lugares donde se encuentren las autoridades señaladas en el literal anterior, e. Capacitar y entrenar permanentemente al personal del Servicio de Protección Presidencial”.

Ahora cuando al presidente Correa le quedan pocos días de su largo mandato, dispone a través del Decreto Ejecutivo 1369 que el SSP debe: “Proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de un año o seis meses, respectivamente, los plazos que se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”, teóricamente la protección puede ser vitalicia.

Lo curioso es que el presidente Correa, al inicio de su mandato, nunca se acordó de brindarle seguridad a su antecesor; hasta ahora ningún expresidente o vicepresidente ha requerido de este privilegio. Normalmente vemos a exmandatarios en actos académicos, sociales, en restaurantes o cafeterías departiendo con amigos o familiares sin ningún resquemor. Al general Guillermo Rodríguez Lara, expresidente de facto, se lo ve normalmente en compañía de su esposa, bajo la “protección” de su nieta.

Cuando un presidente respeta a todos los ciudadanos por igual, no denigra a nadie, no descalifica a quienes piensan diferente a él; no insulta, no amenaza, no se burla de nadie; ese mandatario es querido, respetado y admirado; no requiere de seguridad ni de protección de nadie.

En los últimos días, el presidente saliente da disposiciones de qué debe hacer y cómo debe comportarse el entrante; más o menos como cuando el dueño de la hacienda se ausenta temporalmente de su propiedad, al mayordomo le dispone cómo debe cuidar el hato y admonitoriamente le dice que todo deberá estar en orden a su retorno. (O)

 

 

Servicio de Protección Pública será civil y podrá portar armas

El Servicio de Protección Público (SPP) será integrado con civiles que podrán portar armas. Este Servicio estará dirigido a la protección del presidente y vicepresidente de la República y a las máximas autoridades de las demás funciones del Estado. Ahora son 1.238 servidores uniformados que tiene un costo es de alrededor de $ 17,2 millones mientras que el SPP en los tres primeros años será de unos $ 15’186.133. Para Verónica Rodríguez (AP) no hay el sustento legal para crear un Servicio de este tipo, dijo que la Constitución es clara en el artículo 158 que la protección la dan los uniformados.

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La mayoría de Alianza PAIS (AP) en la Comisión de Relacionales Internacionales de la Asamblea aprobó ayer el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que incluye la creación del Servicio de Protección Público (SPP), cuyos integrantes serán civiles y podrán portar armamento letal. El Pleno lo tratará mañana.

Este Servicio estará dirigido a la protección del presidente y vicepresidente de la República, en funciones o electos; los candidatos calificados a la Presidencia y Vicepresidencia, las máximas autoridades de las demás funciones del Estado; “otras personas en razón de su perfil y análisis de riesgos, por la función que ostentan”, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de este Código.

En el informe para segundo debate, la Comisión señala que la creación de un Servicio de Protección Público civil especializado se sustenta principalmente en “un ahorro a largo plazo y una optimización de recursos a corto plazo”.

Y hace notar que ahora “son 1.238 servidores uniformados que cumplen funciones de protección a autoridades (...)”, cuyo entrenamiento “estaría siendo subutilizado representándole al Estado un coste no justificado de alrededor de $ 17,2 millones”, señala el documento.

El informe calcula que el tiempo estimado para la transición de funciones entre el personal de la Policía y FF.AA. que prestan servicios de protección y el nuevo Servicio demorará unos diez años.

El gasto promedio anual por capacitación, manutención y equipamiento para el personal del SPP en los tres primeros años será de unos $ 15’186.133. A partir del décimo año, el gasto se estabilizará en $ 16’461.800.

El SPP es una entidad de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al ministerio rector de orden público. Forma parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Sus servidores podrán hacer uso de medios “disuasivos y coercitivos” y actuarán con el debido cuidado y precaución, “uso o manejo del armamento”, cumpliendo con la normativa de la materia, según el articulado aprobado.

En el debate de este libro, los oficialistas rechazaron las declaraciones de Diego Salgado (CREO) de que se está creando una guardia civil armada. María Augusta Calle (AP) aclaró que quienes tengan la necesidad de usar armas letales deberán contar con autorización del jefe del Comando Conjunto y sería en casos especiales, como el del Servicio de Aduanas.

Para Verónica Rodríguez (AP) no hay el sustento legal para crear un Servicio de este tipo, dijo que la Constitución es clara en el artículo 158 que la protección la dan los uniformados.

Ese texto fue excluido y luego incluido en el lapso de una semana y para que llegue al Pleno mañana, la mesa sesionó el sábado. El informe se aprobó cerca de las 14:00 y a las 15:20 la Presidencia de la Asamblea convocó al Pleno.(I)